¿Dónde está mi abuelo? ( El Periódico de Aragón - 26/09/2010 )

Cabanas conmemoró ayer el 70 aniversario del asesinato de su último alcalde republicano Alvaro Puentes Antón

Por la memoria y la libertad

Cabanas conmemoró ayer el 70 aniversario del asesinato de su último alcalde republicano, Álvaro Puentes Antón


Cabanas recuerda estos días a su último regidor republicano: Álvaro Puentes Antón, asesinado el 27 de septiembre de 1940 en San Pedro de Eume. Puentes Antón, más conocido entre sus vecinos como 'O Coxo', estuvo cuatro años escondido en As Fragas do Eume, en el lugar de Couce, y formó parte de una Corporación que sufrió toda ella las consecuencias de su significación política


MANUEL PIÑEIRO | CABANAS El 27 de septiembre de 1940 fue asesinado por la espalda, por un infiltrado de la Guardia Civil según recuerdan los vecinos, el último alcalde republicano de Cabanas: Álvaro Puentes Antón, conocido en la comarca del Eume como O Coxo por una lesión que le había dejado una cojera importante.

La muerte del edil republicano hace 70 años significó más que la pérdida de una vida humana en una Guerra Civil. En Cabanas era el símbolo de una generación que perdió a hombres capaces, con ideales democráticos y modernizadores. Álvaro Puentes Antón y toda la Corporación republicana que presidió sufrieron las consecuencias de su significación política con la represión franquista: desde el fusilamiento hasta la tortura o el presidio, sin olvidarse del duro exilio, como se cuenta en estudios como Fuxidos na fraga: Episodios da guerrilla antifranquista nas terras do Eume.

Puentes Antón fue elegido alcalde en febrero de 1936 por el Frente Popular. Ya por aquel entonces, el ambiente estaba enrarecido, ya que el mismo día de su proclamación como regidor, las derechas dispararon sus fusiles como señal amenazante. No obstante, su Gobierno intentó afrontar las mejoras necesarias para Cabanas en los meses siguientes, aunque se topó con la dura realidad del golpe de Estado franquista. De su pasado anterior a la guerra poco se conoce. Sin embargo, de los acontecimientos desde el alzamiento de Francisco Franco hay más datos. Los franquistas no asediaron Cabanas hasta el 30 de julio de 1936, por lo que varios concejales lograron huir a varios refugios situados en las Fragas do Eume, entre los que estaban el propio Álvaro Puentes, junto a Evaristo Eive y Ramiro Martínez, conocido como O Zapateiro.

Otros miembros de la Corporación debieron esconderse en casas o en las proximidades y cuando decidían entregarse o los iban a buscar, bien sufrían la cárcel, bien tenían la obligación de presentarse delante de las autoridades por periodos variables de tiempo. Esto le ocurrió a Hermenegildo Salgado, José Rico, Juan María Arnoso, Gabriel Barro, Nicolás Sánchez y Juan Eiroa. Mientras, en las Fragas do Eume el huido Álvaro Puentes permaneció aislado durante cuatro años, escondido en una cabaña en San Pedro de Eume, en el lugar de Couce, por aquel entonces perteneciente al municipio de A Capela, hoy en día al de As Pontes. Con la guerra finalizada, el régimen franquista camino de consolidarse, el alcalde republicano ya buscaba una salida hacia el extranjero. La mala suerte quiso que un infiltrado franquista y confidente de la Guardia Civil se encontrase en su grupo y supiese de sus intenciones de cruzar la frontera hacia Portugal, según los relatos de los más mayores.

Los sublevados decidieron actuar y el infiltrado mató por la espaldas a O Coxo en su escondite en Couce. El regidor fue enterrado en el atrio de la iglesia de San Pedro de Eume a los pocos días. Los concejales que lo acompañaron al monte siguieron diferentes caminos. Evaristo Eive consiguió huir a Francia en 1946, mientras que Ramiro Martínez se entregó a las autoridades por aquellas datas y vivió una situación complicada por el acoso de la dictadura.

Con la vuelta a España de la democracia, la Corporación municipal de Cabanas decidió rendirle homenaje con la colocación de un placa con su nombre en la escuela de As Viñas, una placa hoy desaparecida.

La audiencia nacional autorizó cinco homenajes a represaliados de la dictadura

Aralar denuncia que Txiki y Otaegi no sean reconocidos como víctimas del franquismo
la audiencia nacional autorizó cinco homenajes a represaliados de la dictadura

La Fundación de Víctimas del Terrorismo cree que ETA está preparando la creación de su propia asociación de víctimas

j.s./efe - Martes, 28 de Septiembre de 2010 -




En el acto de ayer en Zarautz." /> pamplona. Aralar denunció ayer el hecho de que los ex militantes de ETA fusilados por orden de Franco Jon Paredes Txiki y Ángel Otaegi no sean reconocidos como víctimas del franquismo y exigieron al Gobierno español el cumplimiento del artículo 10 de la ley de memoria histórica aprobada en 2007 por el Congreso, en el que se recoge el "reconocimiento en favor de personas fallecidas en defensa de la democracia".

Mediante un comunicado, la formación criticó que "una vez más queda en evidencia la distinta visión hacia las víctimas" y consideró "inaceptable que se quiera regular por decreto lo que ni la propia ley recoge". Por esta razón, se comprometieron a trabajar para que "todas las víctimas de la violencia sean reconocidas de la misma manera, sin hacer distinciones ni clasificaciones".

Precisamente ayer se cumplían 35 años desde que Franco, desde su lecho de muerte, firmara las ejecuciones de los dos militantes etarras mencionados junto con tres miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP): José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y José Humberto Baena Alonso. Por este motivo, familiares y allegados de Txiki y el colectivo para la memoria histórica de los represaliados durante el franquismo Ahaztuak 1936-1977, llevaron a cabo ayer un acto de memoria frente a su tumba en el cementerio de Zarautz.

Aunque el homenaje transcurrió con normalidad, efectivos de la Ertzaintza irrumpieron en el lugar del acto minutos antes de que los allí congregados rindieran tributo a Txiki, a pesar de que el acto fue autorizado el sábado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, junto a otros cinco convocados para ayer y hoy, al considerar a Ahaztuak 1936-1977 "una asociación legal" que no se encuentra dentro de la "estructura criminal del Movimiento de Liberación Nacional Vasco". El juez desestimaba así la petición de la asociación Dignidad y Justicia de denegar los homenajes y estimaba que "en ninguna de las convocatorias citadas existen indicios sólidos sobre la posible comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo".

Sin embargo, el año pasado se prohibieron más de 20 actos relacionados con el Gudari Eguna, entre los cuales se incluyó el homenaje a Txiki, y la Ertzaintza impidió que se realizara obligando a los familiares a abandonar el cementerio "de muy mala manera".

A pesar de que ayer no hubo incidentes, la presencia de la Ertzaintza y la Guardia Civil, esta última en el exterior, llevó a Ahaztuak a denunciar la "estrategia continuada de criminalización de algunas victimas del franquismo".

asociación de víctimas de eta Por otro lado, según publicó ayer la revista de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, ETA está consultando a sus bases sobre la creación de una asociación de "víctimas del terrorismo de Estado" y planea anunciar la creación de la misma el próximo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.

En la publicación se asegura que el pasado verano, la organización terrorista trasladó a distintas organizaciones del MLNV un documento en el que somete a consulta y debate la creación de dicha asociación, que pretendería obtener financiación del propio Gobierno Vasco y de iniciativas propias en las que tratarían de implicar a la izquierda abertzale y a amplios segmentos de la sociedad vasca.

Con ello, según señala la revista, la organización armada pretende "equiparar a sus víctimas con las que ellos mismos han generado a lo largo de los últimos 50 años" y busca contrarrestar la fuerza con que cuentan los colectivos de víctimas de ETA en el Estado.

El reto maldito de arrebatar a Franco el Valle de los Caídos
Los forenses del Gobierno creen casi imposible exhumar a los republicanos
NATALIA JUNQUERA - Madrid - 23/09/2010

Franco resiste. Casi 35 años después de su muerte, la democracia ha conseguido echarlo de las plazas que presidía a caballo, ha retirado cientos de placas que recordaban a los caídos por Dios y por España y ha cambiado el nombre a las calles que homenajeaban a sus sanguinarios generales. Pero el monumento que el dictador ideó para inmortalizar su victoria, el mayor símbolo del franquismo y la fosa común más grande de España, el Valle de los Caídos, sigue intacto, regido por los mismos principios y decretos que él dejó atados y bien atados.

El mausoleo se ha convertido en una herencia maldita para los Gobiernos democráticos que han querido rediseñar su gestión -el primero que lo intentó, sin éxito, fue Felipe González en 1984-. Ayer, en el Senado, todos los partidos políticos salvo el PP instaron al Ejecutivo a "romper el cordón umbilical con el franquismo", en palabras del senador de IU Joan Josep Nuet (autor de la iniciativa), o a convertir "un monumento a la humillación de los que dieron su vida por defender a un Gobierno legítimo, en un monumento a la educación, la democracia y los valores constitucionales", en las del socialista Enrique Cascallana. Pero no es fácil.

El Gobierno se ha atascado en el proyecto para cambiar el significado del Valle de los Caídos, exhumar los restos de los republicanos que fueron trasladados allí y enterrados junto a su verdugo sin el consentimiento de sus familiares y convertir el lugar, "donde hoy campan a sus anchas grupos de ultraderecha", según denunció Nuet, en un museo de la memoria similar al que países europeos y latinoamericanos han instalado en los antiguos centros de tortura de sus respectivas dictaduras.

Andrés Bedate, forense y asesor personal del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y Antonio Alonso, jefe del Servicio de Genética Forense del Instituto Nacional de Toxicología, realizaron recientemente una inspección en el mausoleo para comprobar el estado de los restos allí inhumados, correspondientes a 33.847 personas, 21.317 de ellas identificadas, además del propio Franco. La primera impresión no fue buena. Por las criptas en las que fueron enterrados se ha filtrado agua que ha dañado y mezclado unos huesos con otros. Todo indica que exhumarlos e identificarlos, como desean las familias de una docena de republicanos, es imposible. Por esa razón, el Gobierno desestimó recientemente una subvención para intervenir en el Valle de los Caídos, como sí ha concedido para abrir otras fosas.

El Ejecutivo estudia cómo abordar el descomunal monumento desde el punto de vista legal -se rige aún por un decreto de 1957- y cultural -una comisión de expertos del ministerio que dirige Ángeles González-Sinde todavía no ha logrado decidir qué elementos del Valle deben ser eliminados y cuáles amnistiados por su valor artístico-. El mausoleo ni siquiera es propiedad del Estado, aunque es Patrimonio Nacional quien corre con los gastos de su mantenimiento.

El Senado dio ayer un nuevo plazo, este de seis meses, al Gobierno para que encuentre la fórmula de arrebatar a Franco su última plaza.


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EL PAIS Javier Martínez Lázaro La postura de los defensores de Garzón es legitima en derecho y merece todos mis respetos

EL PAIS
Hace unos meses, coincidiendo con el encausamiento del juez Garzón como consecuencia de la investigación de los crímenes del franquismo, la magistrada Clara Bayarri escribía en estas mismas páginas las razones que le habían llevado a ella y a otros dos integrantes de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a reivindicar la competencia del juez Garzón para la investigación de dichos crímenes.


La postura de los defensores de Garzón es legítima en derecho y merece todos los respetos

Es incomprensible que tantas víctimas del franquismo sigan en las fosas
Fue una postura minoritaria no compartida por la mayoría de la Sala de la que ambos formamos parte, pero fue una postura perfectamente defendible, apoyada en sólidos razonamientos jurídicos y sostenida por prestigiosos juristas, entre ellos, como ya he dicho, por otros magistrados de la propia Sala.

No suscribí su postura, aunque consideraba como ellos que los crímenes del franquismo eran crímenes contra la humanidad, lo que justificaba la investigación inicial emprendida, porque creía que la constatación realizada por el juez Garzón del fallecimiento de todos los posibles autores hacía imposible la continuación contra estos del procedimiento penal iniciado. Como dije en el voto particular que formulé, por mucho que fuese el valor simbólico que pueda atribuirse al proceso penal nunca puede dirigirse contra personas fallecidas.

Tampoco estaba de acuerdo con la inaplicabilidad de la Ley de Amnistía a los posibles autores de tan horrendos crímenes. A diferencia de las leyes de punto final, la Ley de Amnistía fue una reivindicación histórica de la izquierda española y de las demás fuerzas progresistas que se enfrentaron a la dictadura franquista y estaba destinada a las víctimas de la represión franquista, pero también a quienes en el bando de los vencedores habían incurrido en responsabilidad por los gravísimos crímenes cometidos.

Se trataba de una reivindicación que se correspondía a la política de reconciliación nacional desarrollada desde finales de los años cincuenta por el Partido Comunista de España, la principal fuerza antifranquista en aquellos momentos, posteriormente concretada en la política de Pacto por la Libertad, que en síntesis implicaba un gran acuerdo entre todos aquellos, que, con independencia del papel que hubiesen jugado en la Guerra Civil y en la dictadura, estuviesen dispuestos a romper con el pasado franquista y a apostar por un futuro democrático.

Esta política de reconciliación y pacto sustentó la constitución de la Junta Democrática y de Convergencia Democrática, organizaciones que en los últimos estertores de la dictadura, trataron de nuclear a quienes apostaban por una transición pacífica como la que efectivamente se produjo.Probablemente, sin esta concepción de la Amnistía, dirigida también a quienes habían contraído gravísimas responsabilidades bajo la Guerra Civil y el franquismo, el proyecto democrático no se habría impuesto sino tras una nueva confrontación civil cuyos resultados, en el mejor de los casos, habrían sumido al país nuevamente en años de enfrentamiento. Porque es impensable que hubiese podido producirse una transición pacífica si se hubiesen exigido responsabilidades a antiguos ministros del franquismo, como Fraga, o a jefes del Movimiento como Adolfo Suárez, o a los miles de policías, militares, jueces y funcionarios que durante largos años habían sostenido el aparato dictatorial.

La política de reconciliación nacional se fundamentaba en que, en el tiempo transcurrido desde la Guerra Civil, se había producido un importante cambio social en España, de forma que muchos de los que habían apoyado y se habían involucrado con la dictadura no se opondrían a un sistema democrático; y que la inmensa mayoría del pueblo español, incluidos aquellos sectores sociales históricamente vinculados al franquismo, estaría dispuesto a propiciar una nueva España democrática, siempre que la transición fuese pacífica y se alejase la perspectiva de un nuevo conflicto.

La Ley de Amnistía fue, por tanto, un acto de extrema generosidad de los que habían luchado contra el franquismo y a favor de las libertades y la democracia. Suponía que se abandonaba cualquier proyecto de exigir responsabilidad por los horrendos crímenes cometidos. Era una ley imprescindible, pero que, obviamente, planteaba graves dilemas morales y jurídicos en la medida que dejaba sin repuesta a esos gravísimos crímenes. Es por tanto perfectamente razonable que su eficacia pueda cuestionarse como lo han hecho aquellos juristas, alguno de ellos magistrados de la Sala de la que formo parte, que han sostenido que no puede alcanzar los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo.

Pero si el alcance de la Amnistía puede justificarse históricamente, lo que no es desde ningún punto de vista comprensible es que, transcurridos más de 60 años desde el final de la Guerra Civil y más de 30 desde la instauración del sistema constitucional, las fosas de la guerra civil no se hayan abierto y los cuerpos de las víctimas sigan en muchos casos enterrados por los caminos de España; y es también incomprensible que muchos posibles crímenes, como la desaparición o secuestro de niños, no estén plenamente esclarecidos.

No es por tanto extraño que las asociaciones de víctimas reclamasen satisfacción por estos crímenes, y su pretensión fuese acogida por el juez Garzón, el juez que más se ha destacado en la persecución de crímenes contra la humanidad.

Y es por todo ello que la postura de los integrantes de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que defendieron la competencia del juez Garzón y la inaplicabilidad de la Ley de Amnistía a los crímenes del franquismo, es una postura perfectamente legítima en derecho, aunque no se comparta, sostenida por unos jueces prestigiosos y honestos, y merecedora de todos los respetos.

Como recordaba recientemente el comentarista de este periódico Javier Pradera en uno de sus artículos, los debates jurídicos se suelen prestar a respuestas diferentes dentro de una horquilla de soluciones igualmente admisibles. Es por ello que en los tribunales se delibera y vota; y el que en la deliberación y votación una postura resulte minoritaria, como sucedió en este caso respecto a la competencia del juez Garzón y la vigencia de la Ley de Amnistía, no quiere decir que no sea plenamente legítima y jurídicamente defendible.


Javier Martínez Lázaro es magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Ex vocal del Consejo General del Poder Judicial.

Muñoz Molina o el devenir del típico académico converso

Federación Foros por la Memoria

Muñoz Molina o el devenir del típico académico converso
Emilio Silva. Quitándole el fuego a los dioses, - 24 Septiembre 2010 .Un ejército de pontificadores de la historia sin buenos y malos se ha despertado para defender la imagen embellecida de la transición a la democracia


Última intervención del escritor y académico de la lengua española, Antonio Muñoz Molina, en el Hay Festival de Segovia. Hace varias semanas que lanza su discurso en la misma dirección y me doy cuenta de que los exaltadores del mito de la transición, los que ocultan que la transición a la democracia en España se hizo durante la Segunda República, tienen en él a un sumo pontífice.

Le oigo, le leo, le escucho decir que ya está bien de hablar de la guerra civil, que es demasiado, un exceso, casi una perversión. Y si me fijo, si atiendo, si escudriño cómo habla de los desmanes de quienes buscan en el pasado la reparación del presente, y observo atentamente, veo que lleva bajo el brazo su última novela. Y entonces conecto, deduzco, reflexiono y no entiendo tanta incoherencia salvo que se trate de una labor política, idílica, académica. ¿Cómo puede afirmar que se habla demasiado de la guerra civil y acabar de publicar una novela sobre la guerra civil?

Un ejército de repartidores de demonios, de pontificadores de la historia sin buenos y malos se ha despertado para defender la imagen embellecida de la transición a la democracia. Lo hacen porque con esa transición el viento les ha soplado de cola. Lo hacen porque son agradecidos y desde posiciones más o menos progresistas hablan de los dos bandos, de los dos daños, de los dos demonios.

Lo más significativo de la intervención de Muñoz Molina es su frase de despedida, de advertencia con reminiscencia de amenaza: “Cuidado con juzgar a personas que han vivido en circunstancias mucho más difíciles que las nuestras”. ¿Cuidado de qué? Con ese planteamiento no podríamos juzgar a Hitler ni a la mayoría de quienes han cometido delitos contra la humanidad. ¿Quizá eso quiere decir que en circunstancias difíciles los golpes de Estado, las dictaduras y las violaciones de derechos humanos no son juzgables o están justificadas?

http://www.emiliosilva.org/?p=1187

Santa Cruz de Tenerife el callejero de nunca acabar

El callejero de nunca acabar
20/sep/10 09:33 2.5/TACHI IZQUIERDO, Santa Cruz de Tenerife Una nueva sentencia, cuya existencia se ha dado a conocer ahora por parte de la Asociación de la Memoria Histórica de Tenerife, reconoce que el Ayuntamiento de Santa Cruz ha vulnerado el derecho de este colectivo a recibir respuesta a una petición formulada con relación al cumplimiento en la capital de la Ley de Memoria Histórica, en lo referente a la retirada de nombres de calles y símbolos de la etapa franquista, tal y como ocurriera con un fallo dado a conocer también días atrás y que establece la realización de un catálogo con la simbología del régimen de Franco en la ciudad.

La presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Mercedes Pérez Schwartz, recordó que este colectivo ha tenido conocimiento de este fallo "hace escasas fechas", donde el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 "viene a decir que nos hagan caso en nuestro requerimiento de exigir el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica".

El debate sobre este asunto subyace en la complejidad de elaborar una relación con las calles y rincones de la ciudad cuyo nombre está relacionado con la etapa franquista y, sobre todo, por el grado de implicación de las personas que se reseñan en el callejero con esa etapa de la historia de nuestro país.

El promedio de estos espacios aún presentes en la ciudad ronda los 70 o los algo más del centenar, según el criterio de cada uno de los historiadores consultados, aunque aún no se dispone de una lista oficial de los mismos.

Dudas

Sin embargo, el investigador Pedro Medina Sanabria ha confeccionado una lista con 108 nombres, que facilitamos en esta información a título de orientación, aunque parte de su contenido ha sido cuestionado por la propia Asociación de la Memoria Histórica. Pérez Schwartz, presidenta de la asociación, señala que se recogen nombres que no se corresponden con esta característica, algo que, dijo, "no nos ofrece garantías", por lo que abogó por elaborar un catálogo "partiendo del callejero, pero con la voluntad del ayuntamiento, que creó una comisión para este tema, pero no se ha reunido nunca".

La responsable del colectivo indicó que "ahora hay como novedades las dos sentencias, una en respuesta a la petición del abogado Pérez Ventura, que solicitó un catálogo y la participación ciudadana, y la nuestra", que aunque es anterior a la dada a conocer la semana pasada, conforma un argumento suficiente para desbloquear este asunto, puesto que la corporación municipal sólo ha cambiado hasta la fecha los nombres de ocho calles.

Esta asociación no cuenta con una relación de calles, aunque estima que, "junto a escudos, símbolos y monumentos que habría que retirar conforme a la ley, decisión que corresponde a las administraciones, podría suponer un centenar de nombres".

Pérez Schwartz añadió que para solventar este aspecto en Santa Cruz sería suficiente "con abordar el catálogo, elaborado por un equipo de trabajo integrado por las asociaciones de Memoria Histórica, especialistas universitarios y técnicos municipales", pues tampoco se mostró partidaria de someter esta decisión a "referéndum popular con cada vía, ya que se trata de quitar toda la simbología franquista conforme a la ley".

Por su parte, Medina Sanabria reivindica que "se cambien los nombres para ser sustituidos por su denominación original", pues aclaró que también hubo cambios durante la República, "un incumplimiento claro por parte de los dos sistemas políticos de la ordenanza del alcalde Santiago García Sanabria, de la década de los años 20, en la que decía que una vez que se imponga un nombre a una calle, nunca debía ser cambiado".

Remarcó que la Ley de Memoria Histórica no es coercitiva, "sino de ampliación de derechos, dejando al criterio de las instituciones la retirada de esos símbolos" o también la rectificación de "contrasentidos como la designación de Franco como hijo muy predilecto de la ciudad, cuando nació en Ferrol".

Medina Sanabria dijo que "no estoy en contra de que se conserve la memoria de los que cayeron por un lado y por otro, pero la cuestión está en que esas calles tenían un nombre anterior, por lo que es un asunto difícil de dilucidar en el que hay que llegar a un acuerdo".

El excesivo culto a la personalidad que se generó en la etapa de la dictadura provocó que muchos nombres de colaboradores del régimen tuvieran su calle, según Medina Sanabria, que señaló que muchos eran franquistas que llegaron a provocar o participaron en la muerte de otras personas. Indicó que destacaron en otras áreas, como la medicina, la política o la cultura y el deporte, "pero yo a lo que me dedico es a intentar que aflore la verdad, reivindicando a las víctimas y poniendo a su lado a los verdugos, pero que la gente saque sus conclusiones, a pesar de que en España hubo una ley de amnistía".

Medina Sanabria explicó que para elaborar su relación recurrió al libro oficial de las calles de la ciudad, "y en muchos casos ni conocía a estas personas, pero de la investigación de calle por calle se va determinando la relación con el franquismo, independientemente de que había magníficas personas, por lo que me niego a juzgar con los ojos de hoy lo que ocurría hace más de 70 años".

Desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica, el ayuntamiento de Santa Cruz ha recibido las criticas de diferentes colectivos por su falta de actuación a la hora de tomar medidas para la erradicación de estos símbolos. Una de las decisiones que ha adoptado fue un decreto de la Alcaldía con el cambio de nombre de ocho calles. Así, la rambla del General Franco pasó a llamarse rambla de Santa Cruz; la avenida José Antonio Primo de Rivera se denomina avenida Marítima; la General Mola cambió por Islas Canarias; mientras las calle General Goded, General Fanjul, General Sanjurjo, General Moscardó y General García Morato perdieron sus galones para denominarse Perdón, Olvido, Sueños, Amor y Tolerancia, respectivamente. El primer cambio se produjo con la muerte de Juan Pablo II, que sirvió para que la calle conocida como 18 de Julio recibiera el nombre del Santo Padre, borrando la fecha de la sublevación de la Guerra Civil en Tenerife en 1936.

Ahora queda un largo proceso de consenso o decisión, pero nunca con la división que provocó precisamente el periodo que se pretende enmendar.

Alava, País Vasco. 350 víctimas asesinadas.

Memoria histórica en álava
El mapa de la represión franquista refleja más de 350 víctimas asesinadas en Álava
la elaboración de censos y la búsqueda de fosas activan la recuperación de la memoria

Un nuevo "listado negro" computa los gasteiztarras fusilados y los foráneos que fueron aniquilados en la capital desde 1936





Teodoro González de Zárate (centro) (Foto: archivo municipal / dna)




Vitoria. Muchas de las inhumanas heridas abiertas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista siguen sin cicatrizar. Buena prueba de ello es que aún no existe un censo oficial de las víctimas aniquiladas por el terror fascista, que la mayoría de las 14 fosas comunes de la época que se extienden por toda la provincia permanecen intactas o que leyes como la de Memoria Histórica, impulsada por el Gobierno de Zapatero, no colman los anhelos de justicia y reparación para las víctimas que buscan sus familiares.

Entre 350 y 400 personas engrosan la lista negra de los asesinados por el franquismo en Álava durante el levantamiento fascista y los primeros años del régimen, cifras tras las que se esconden tanto las vidas truncadas de vecinos de la provincia dentro de sus fronteras o en territorios ajenos como las de los foráneos que perecieron en la provincia. Este último caso lo representa, por ejemplo, Primitivo Fernández de Labastida, labrador de profesión, vecino de Santa Gadea del Cid (Burgos) y cuyo cadáver fue hallado recientemente en una fosa ubicada en el puerto de La Tejera (Ribera Alta). Los familiares de Primitivo, desaparecido el 3 de septiembre de 1936 con sólo 35 años, por suerte sí han podido honrarlo tras recibir sus restos de manos del Gobierno Vasco.

El colectivo Ahaztuak 1936-1977 acaba de aportar un nuevo granito de arena para conseguir la fotografía "más completa posible" de la represión en la capital alavesa. Y lo ha hecho aportando un censo de los fusilados en la propia capital independientemente de su procedencia o las víctimas vitorianas masacradas fuera de la ciudad. El listado incluye los nombres de 196 personas fallecidas principalmente entre 1936, año de inicio de la cruenta Guerra Civil, y 1939, fecha en la que los sublevados lograron la victoria final sobre la legalidad republicana.

Esta realidad aparece sustentada en la misma historia que, a su vez, ha sido rescatada por distintas fuentes. Entre ellas está Iñaki Egaña y su obra Los crímenes de Franco en Euskal Herria, que repasa el desgarrador quinquenio 1936-1940. También, la Diputación alavesa ha apostado por aportar luz sobre una época terrible. Al respecto, tampoco han faltado investigaciones particulares. Lander García, portavoz de la citada asociación, reconoce no obstante que prácticamente es "imposible" conocer con exactitud el número de víctimas que murieron fruto de la represión. "Que no haya un censo oficial refleja la dejación que ha habido durante todos estos años", censura García.

Con la elaboración de este tétrico censo, también se ha pretendido reivindicar "para la memoria colectiva" el muro trasero del cementerio de Santa Isabel, un tétrico lugar convertido en paredón a partir de 1936, donde murieron ejecutadas decenas de personas por orden de las autoridades franquistas. Un espacio, según describe el colectivo, "testigo mudo de la injusticia", que vio caer ante los pelotones de fusilamiento a dirigentes políticos democráticamente elegidos, personalidades republicanas o cargos del Gobierno Vasco. El muro "debe servir para honrar la memoria de todas las personas allí asesinadas", cuya historia "es desconocida por la mayoría de vitorianos y está totalmente olvidada por las instituciones".

Víctimas ilustres En este muro de la vergüenza gasteiztarra fueron fusiladas figuras tan señaladas como Estepan Urkiaga Lauaxeta -periodista, poeta euskaldun y comandante del Euzko Gudaroztea-, Alfredo Espinosa -fundador de Unión Republicana y consejero de Sanidad del primer Gobierno Vasco-, José Placer -militante de ANV, vocal de su Comité Nacional, miembro de la Comisión Gestora de Álava y comandante del Batallón Euzko Indarra- o mandos del Ejército de Euzkadi como el coronel Arturo Llarch o el capitán de artillería José Aguirre.

Claro que no son los únicos, porque ni todos los casos están tan documentados ni son tan significativos como los anteriores, por la menor repercusión pública de las víctimas. No obstante, con la ayuda del Libro de Registro del Cementerio se ha podido certificar otros crímenes cometidos por los franquistas en este lugar de Vitoria.

Al margen del trabajo de Ahaztuak por rescatar del olvido a las víctimas del denominado bando nacional, la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco han elaborado un mapa de fosas de la época donde, a dos metros bajo tierra, yacen todavía 21 vecinos del territorio a los que sus familias todavía no han podido homenajear ni enterrar.

Existe la constancia de que hay cerca de 14 tumbas, 51 en toda la comunidad autónoma, en las que 74 años después se esconden estas víctimas, sin una placa que les identifique. De todas estas sepulturas, en Álava sólo se ha removido la tierra de una, la ubicada en La Tejera -anteriormente citada-, y eso a pesar de que existen múltiples peticiones para dar con los restos de las fosas.

Además, Aranzadi ha comprobado que existe una fosa en Untza, dos en Kuartango, otra en Maeztu, otra en Azazeta, dos en Etxagüen y Murua, una en Zestafe, un enterramiento en Luko y tres individuos en Laguardia. Falta por determinar, además, el número de sepulturas existentes en el cementerio de Amurrio, Legutiano y Salinas de Añana.

Diario vasco.com Mujeres represaliadas en el franquismo. El dinero es un insulto

CARTAS AL DIRECTOR
Franquismo y mujeres represaliadas


El Gobierno andaluz ha aprobado pagar 1.800 euros a aquellas mujeres que pudieran probar haber sido objeto de escarnio, vejaciones y humillaciones durante la postguerra civil. Se refieren, fundamentalmente, a las famosas 'purgas' con aceite de ricino, rapados de pelo y consiguiente exposición en la plaza del pueblo cubiertas por sus propios excrementos, producto de la diarrea ocasionada por las grandes dosis de aceite de ricino que les hacían ingerir. Se pretendía con ello humillarlas al extremo y conducirlas hacia la locura, para que borraran de sus cabezas sus ideales de libertad e igualdad. Muchas de ellas eran también viudas de republicanos que meses antes habían sido asesinados y enterrados en las cunetas. No sé cuántas quedarán, pero me imagino que muy pocas y en todo caso casi centenarias. Esto de la 'purga' fue una constante en toda la Península. Yo mismo soy nieto de una de ellas, castellana en este caso, viuda de republicano asesinado y enterrado en una cuneta todavía desconocida junto con su hijo (mi tío) de 13 años de edad. Alguien podrá decir que al menos el gobierno andaluz ha tenido un detalle con estas mujeres, pero quien así piensa confunde justicia con caridad. Nosotros no queremos caridad, sino justicia, aunque no tengamos ya a quién aplicársela. No nos insulten con su dinero, que ni la dignidad ni la honestidad están todavía en venta. Mientras tanto, cada primavera, las más rojas amapolas de las cunetas seguirán recordándonos que este país sigue teniendo una democracia 'bajo tutela' y que el que se atreve a investigar mínimamente lo que pasó, acaba exiliado, como el juez Garzón. Ahora es el turno de la Justicia argentina: ¿podrán también pararla? :: Xabier Pérez Herrero Irun

España rechaza en la ONU investigar desapariciones del franquismo

España rechaza en la ONU investigar desapariciones del franquismo
21 de septiembre de 2010 • 14:15 Comentarios Noticias



España dio por "rechazada" la recomendación de México para que investigara las desapariciones forzadas de la guerra civil y la dictadura franquista (1936-1975), en un documento difundido este martes en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

"Los Jueces y Tribunales (españoles) instruyen y juzgan todas las denuncias sobre desapariciones que ante ellos se formulan" con "sometimiento exclusivo a la Ley y el Derecho", señaló el embajador de España, Javier Garrigues, al justificar su rechazo, en una aparente referencia a la Ley de Aministía de 1977, que impide juzgar los crímenes del régimen franquista.

La recomendación de México se produjo en el debate del Examen Periódico Universal (EPU) de España en mayo pasado, un mecanismo de la ONU destinado a vigilar el respeto de los derechos humanos y al que sus Estados miembros deben someterse una vez cada cuatro años.

En su respuesta a México, España afirmó el martes querer investigar los "crímenes contra la humanidad", de acuerdo a lo "que nuestra Constitución reconoce y ampara", pero sin aludir a las desapariciones del periodo 1936-1975, ni a la Ley de Amnistía aún vigente.

México le había pedido a España "investigar y sancionar los delitos de desaparición forzada y prever la reparación de los mismos, independientemente de cuando se hayan producido, habida cuenta del carácter imprescriptible de ese delito y de conformidad con sus obligaciones internacionales".

La ONG Human Rights Watch lamentó que España enjuiciara a Baltasar Garzón, "el juez que trató de investigar esos crímenes", relativos a "la dictadura de Franco y a la Guerra Civil Española".

Esta ONG recordó que Garzón enfrenta un juicio "por investigar los presuntos casos de desapariciones forzadas que causaron más de 100.000 víctimas" y que "los tribunales españoles han cerrado sistemáticamente las investigaciones (...) por invocación de una ley de amnistía de 1977, que cubre todos los delitos de 'naturaleza política' cometidos con anterioridad a diciembre de 1976".

A su vez, Amnistía Internacional distribuyó un comunicado en el que hacía un llamado a España a "investigar los crímenes cometidos durante la guerra civil (1936-39) y en la época de Franco, y a asegurar que la ley de amnistía no se aplica a crímenes contra la humanidad".

Esta ONG también dijo objetar "los cargos contra el juez que ha investigado las desapariciones de más de 114.000 personas", en relación con el magistrado Baltasar Garzón y los desaparecidos durante el franquismo.

Por otra parte, España rechazó también 12 recomendaciones que en el mismo examen le hicieron Indonesia, Burkina Faso, Azerbaiyán, Bolivia, Guatemala, Paraguay, Nicaragua, Palestina, Pakistán, Argentina, Perú, Nigeria y Argelia, para que ratifique la Convención que protege a los trabajadores migratorios y sus familias.

Asimismo, España declinó otra recomendación, de Eslovenia, para que prohíba "expresamente la venta de armas cuyo destino final sea un país en el que puedan reclutarse niños o utilizarlos en las hostilidades

Tenemos que continuar y poner una denuncia tras otra para que haya cada vez más gente concienciada”


La presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica-’Memoria de Mallorca’, Maria Antònia Oliver, ha asegurado que resulta “lamentable y vergonzoso” que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) haya confirmado el auto dictado el pasado mes de abril por el magistrado de este órgano Luciano Varela en el que resolvía procesar penalmente al ya suspendido juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por el presunto delito de prevaricación que habría cometido al investigar los crímenes del franquismo.

La presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica-’Memoria de Mallorca’, Maria Antònia Oliver, ha asegurado que resulta “lamentable y vergonzoso” que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) haya confirmado el auto dictado el pasado mes de abril por el magistrado de este órgano Luciano Varela en el que resolvía procesar penalmente al ya suspendido juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por el presunto delito de prevaricación que habría cometido al investigar los crímenes del franquismo.

En declaraciones a Europa Press, Oliver ha apostillado que es “una vergüenza” que no se admitiera a trámite la querella que la Asociación presentó contra Varela y contra el presidente de la Sala de lo Penal del TS, Juan Saavedra, al entender que ambos magistrados “están prevaricando” al procesar a Garzón y que, no obstante, sí se admitiera a trámite la denuncia interpuesta por los “herederos ideológicos” del franquismo (en alusión a Falange Española) contra el ex juez de la Audiencia Nacional. “Es como la justicia al revés”, ha añadido en relación a esta cuestión.

En este sentido, la presidenta de ‘Memoria de Mallorca’ ha acusado a ambos miembros del TS de saber que las acciones emprendidas por Garzón eran “jurídicamente sostenibles” y de, no obstante, seguir encausándolo, por lo que, a su entender, “están prevaricando” porque acusan a Garzón “de lo que están haciendo ellos”.

“Es desesperante, pero ya no nos viene de nuevas”, ha remarcado en relación a la resolución del TS, al tiempo que ha reiterado que en España será “muy difícil” que se aclaren las responsabilidades de las desapariciones acaecidas durante la dictadura. Con todo, ha apuntado que esta polémica ha servido “al menos” para poner de manifiesto que en los tribunales españoles continúa habiendo, a su juicio, “gente franquista”. Según Oliver, lo que sucede actualmente en el poder judicial es la “consecuencia” de la “impunidad” del franquismo.

Por lo que se refiere a la denuncia promovida en Argentina para investigar las desapariciones durante la dictadura española, la representante de las víctimas ha asegurado que a éstas “les reconforta”, si bien ha matizado que a la vez “les llena de rabia” el hecho de que un país extranjero “venga a dar lecciones” en este sentido, cuando fueron los tribunales españoles, ha recordado, “los primeros” en hacerlo con la dictadura de Augusto Pinochet en este país sudamericano.

En cuanto a la denuncia presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, su presidenta en Mallorca ha recordado que ésta cayó en la mayoría de los juzgados territoriales salvo en el caso de la Generalitat Valenciana y de Baleares, comunidades que “ya han agotado todas las vías e instancias” hasta llegar al Tribunal Constitucional (TC), donde prevé que el recurso sea también desestimado.

“Tenemos que continuar y poner una denuncia tras otra para que haya cada vez más gente concienciada que difunda las violaciones de los derechos humanos que están pasando no en el pasado, sino en estos momentos”, ha recalcado en este sentido, al tiempo que ha acusado a los políticos españoles de ser “cómplices” de esta “injusticia” porque, según su punto de vista, “callan” ante la actual polémica.

http://www.20minutos.es/noticia/807941/0/

Los incumplimientos de la ley de memoria se evidencian en Oviedo

Lo denuncian colectivos que acusan al ayuntamiento de retrasar su aplicación y de excluir de la misma numerosos símbolos franquistas que deben retirarse



P.C. Madrid 0

Oviedo se suma a la lista de ciudades que continúan sin aplicar la ‘Ley de Memoria Histórica’, Y es que, repartidos por toda la ciudad, permanecen numeros homenajes a Franco y sus militares

Así lo denuncia la asociación ‘13 Rosas’, que ha llevado a cabo varias peticiones de eliminación de estos símbolos. Por el momento la única respuesta que han recibido a su petición es el silencio absoluto. El consistorio es la autoridad encargada de aplicar la ley 52/2007 de Memoria Histórica.

Entre el inventario de calles, estatuas, placas y demás alusiones franquistas sembradas por Oviedo, la más estridente, según explica Moisés Álvarez, integrante de la asociación ‘13 Rosas’, es el medallón de la plaza de España con la efigie de Franco, incrustado al pie de una escultura de Juan de Ávalos, el mismo artista que trabajó en el diseño del Valle de los Caídos, y el ‘Monumento a Franco’ sito a la entrada de Santa Cruz de Tenerife.

Otros homenajes que también contradicen el cumplimiento de la ley se localizan en el monumento a los ‘caídos’ por Franco en la plaza de La Liberación. O la iglesia de San Francisco, consagrada a los sublevados, tal y como se indica en una placa: ‘A la gesta de Oviedo: 19 de julio al 17 de octubre de 1936′.

Numerosas son también las placas conmemorativas de la reconstrucción de los edificios. La más notoria, explica Álvarez, es la grabada en piedra en la sala de prensa del propio ayuntamiento y que reza: “Siendo Franco caudillo, generalísimo de todos los ejércitos, se reconstruyeron estas casas”.

Listado ‘oficial’

El alcalde de la ciudad, Gabino Lorenzo (PP), instó, a finales de 2007, a la creación de una Comisión de expertos que tendría la finalidad de elaborar el listado con la simbología de la dictadura a retirar de las calles de Oviedo. Dicha Comisión, en palabras de Manuel Ángel Rodríguez, concejal del grupo socialista en el gobierno municipal, “tardó un año en elaborar un listado de 16 nombres de calles y tres símbolos franquistas”.

El fruto del trabajo de este grupo de expertos se traduce en el cambio de nombre de cuatro calles y en la propuesta de una estatua del ciclista Samuel Sánchez que sustituya la del general Teijeiro, sita en una plaza que hace alusión a la victoria de los sublevados: plaza de ‘La Liberación’. El inventario que se hizo desde el ayuntamiento, denuncia el concejal socialista, “es de mínimos”, ya que extiende a tan sólo tres esculturas su futura ‘jubilación’, cuando “existen muchas más”.

La formación de la Comisión municipal que valoró la selección de los símbolos a retirar no estuvo exenta de polémica. Según narra Rodríguez, “no contaron con la opinión de ninguna víctima de la dictadura ni con representantes de las asociaciones”. Incluso entre los integrantes de este grupo decisorio había personalidades que se manifestaban “claramente en contra” de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, critica.

Lenta aplicación

Por su parte, el consistorio ovetense se defiende alegando que ese listado “ya está hecho” y que ahora “progresivamente” van cumpliendo con la labor de retirar los homenajes franquistas que ofendan la memoria de las víctimas.

El problema, según denuncia la asociación ‘13 Rosas’, es la “lentitud” con la que se está procediendo. que deja entrever la escasa “voluntad política” del ayuntamiento por cumplir con la legislación estatal en materia de memoria histórica.

En esa línea se ha manifestado también Manuel Ángel Rodríguez, para quien lo más indignante es que el alcalde, Gabino Lorenzo, “anunciara la creación de la Comisión de Expertos unos días antes de que entrara en vigor la ley de Memoria Histórica para presumir de ser en primero en aplicar la norma” y que al cabo del tiempo, los hechos demuestran “que no han hecho apenas nada al respecto”.

Las constantes peticiones y propuestas realizadas tanto por las asociaciones de víctimas como por los grupos municipales en la oposición (PSOE y ACIZ) llamando a la premura de las obligaciones consistoriales, siguen sin tener respuesta por parte del gobierno de una ciudad que aún mantiene a Franco con el título de ‘hijo adoptivo’.

http://www.publico.es/espana/335788/sombra/franco/oviedo/simbolos/franquistas/retirada/incumplimiento

Miguel Ángel Rodríguez Arias

Última actualización 15/09/2010@12:18:22 GMT+1
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ARIAS
La negación de una investigación oficial en España a las víctimas de Franco y la presunta responsabilidad criminal de miembros del Gobierno Zapatero a la luz de la Resolución 1463 del Consejo de Europa.
NUEVATRIBUNA.ES - 15.9.2010

“10.3.8. El incumplimiento del deber de investigar efectivamente toda presunta desaparición forzada debe constituir un crimen independiente conminado con una pena adecuada. El ministro y/o el jefe de departamento responsable de las investigaciones deben ser hechos responsables bajo la ley penal por dicho incumplimiento”.

En tales claros términos se expresaba la Resolución 1463 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 3 de octubre de 2005 sobre la cuestión de las desapariciones forzadas.

Resolución aprobada dos años después de la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero y todavía sin aplicación hoy en nuestro país, ya en 2010.

No sé, quizá es una impresión mía, pero como España es el segundo país del mundo en desaparecidos en fosas clandestinas – por no hablar de los “niños perdidos” – y el primero de entre los países del Consejo de Europa muy por delante de Rusia o Turquía pudiera parecer que las autoridades españolas debían ser las primeras en darse por aludidas e introducir las modificaciones pertinentes en nuestro código penal para que, entre otras cosas, el artículo 408 contemplase una tal específica modalidad agravada del delito de omisión del deber de perseguir delitos: el delito de no perseguir crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, genocidio y contra la paz diferenciado del resto de delitos y tomado en serio, conexamente inamnistiable, conexamente imprescriptible … porque si supuestamente blindamos tales delitos internacionales pero no el delito de omisión de perseguirlos puede salir algún Ministro en televisión diciendo que nuestra justicia ya ha cumplido con las víctimas de Franco… y no es que a estas alturas me inmute siquiera con semejante despropósito… aunque sí que preferiría que donde lo dijese el Sr. Ministro fuese ante un tribunal de estar plenamente vigente en nuestro país la Resolución 1463… como si la consciente omisión de investigar toda desaparición forzada fuese un delito de la extraordinaria gravedad que justamente es…

Claro que ¿se imaginan que el legislador mayoritario en 2005 al tiempo de la Resolución 1463, el PSOE, hubiese implementado dicho llamamiento para que los Estados reforzasen legislativamente la omisión del deber de investigar desapariciones forzadas de modo que, un par de años después, en 2007, hubiese podido llevar a alguno de los integrantes de su propio Gobierno ante los tribunales en virtud de la omisión sistemática de toda investigación que determina en la práctica la “ley de la memoria?.

Esa misma ley de impunidad que en Oporriño, en el TS y en otros tribunales citan jueces y magistrados para inhibirse de su deber de investigar…

Porque la obligación de nuestro Gobierno al legislar en esta materia era justamente la contraria, como también ha señalado el Tribunal Europeo a Grecia y a otros Estados en relación al articulo 2 del Convenio Europeo: el deber de legislar sí, pero legislar adecuadamente, no de cualquier manera, no siguiendo cualquier ocurrencia, legislar para garantizar la plena aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos…

No legislar para garantizar su completo incumplimiento, que es lo que viene a hacer la “ley de la memoria”, auténtica maquinaria de generar responsabilidad internacional de Estado.

De modo que con los ecos de la también reciente resolución argentina, allende los mares, abriendo camino a tales investigaciones, allí, de lo que los ayudantes de la impunidad no nos dejan investigar aquí, lo que en todo caso queda en evidencia, una y otra vez, también desde el punto de vista de la aludida Resolución 1463, es que la forma en la que el Gobierno de la nación está gestionando todo esto es de una extraordinaria gravedad, desentendiéndose de los deberes de “investigación oficial” y delegando en las familias las tareas de búsqueda y exhumación. Mayor gravedad todavía de la que ya barajábamos no “únicamente” en la esfera de la violación de los derechos humanos sino también en la esfera penal como también apunté en mi investigación de los niños perdidos.

La resolución 1463 del Consejo de Europa lo deja claro. El delito de no investigar es el delito de la impunidad, de daño a las familias y a nuestra entera sociedad.

Y por eso con la resolución 1463 en la mano hay que empezar a decir claro también que nos encontramos ante un presunto crimen de Estado.

El otro crimen de Estado que aún permanece silenciado como tal y prácticamente ajeno de toda denuncia pública, incluso por parte del movimiento memorialista que no duda en condenar las bochornosas actuaciones del Tribunal Supremo pero que aún sigue considerando, al menos parte del mismo, al Gobierno socialista como una suerte de aliado confundido. No lo es. Este concreto Gobierno al menos no lo es. Lo ha demostrado hasta la saciedad.

Entre otras cosas porque perfectamente consciente de sus gravísimas obligaciones internacionales, de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Resolución 1463, de los recientes duros posicionamientos por parte del Grupo de Desaparecidos, del Comité de Derechos Humanos, de lo reclamado por Méjico y otros países, etc, etc, etc, este Gobierno ha decidido respetar la impunidad. Se dedica a vulnerar gravemente derechos humanos y a tomarle el pelo al país con cuatro chascarrillos repetidos una y otra vez y publicados en alguno de los potentes medios afines. Ni la justicia o la humanidad, ni el Estado de Derecho importan, tan sólo lo plausiblemente articulable en un mensaje para el común de la ciudadanía.

Pero la verdadera dimensión del caso de las fosas del franquismo, y de los niños perdidos es inevitablemente tozuda, dada la extraordinaria gravedad de todo lo que se ha perpetrado y la actuación del Gobierno Zapatero nos enfrenta a nuestros peores demonios.

Otra vez un nuevo escenario de posible responsabilidad criminal de miembros de un Gobierno socialista. En este caso como consecuencia de una legislación, llamada “de la memoria”, llevada en su redacción y consecuencias mucho más allá de cualquier línea roja jurídica que cualquier militante del PSOE pueda pensar. Es duro pero hay que decirlo.

Y si se empieza a decir alto y claro y a las puertas de Ferraz mucho mejor, visto que la prepotencia suele acarrear efectos secundarios de sordera. Y en periodo electoral hay actuaciones simbólicas claramente entendibles por la ciudadanía a nivel nacional que seguro que funcionan mejor que ningún otorrino. Como suele decirse mano de santo para que los que deliberadamente violan derechos humanos con sus políticas, hasta pueden estar incurriendo, presuntamente, en crímenes de Estado.

Y por eso opino que las concentraciones de todas las semanas con las velas y las fotografías en la Puerta del Sol son muy valiosas, pero que a las puertas de Ferraz, hasta que nuestro Gobierno del PSOE decida actuar como si respetase de verdad los derechos humanos, estarían muchísimo mejor.

Y si puede ser con algunos militantes del PSOE arropándoles a título individual mejor todavía. “Militancia pura y dura”, pero en un sentido muy distinto al expresado hace poco precisamente por el ex Presidente González. Militancia pura y dura para que cualquier Gobierno democrático se atenga a unos mínimos legales y de humanidad como es su deber.

Porque ningún partido es un fin en si mismo es un medio para servir a algo más elevado, los derechos humanos, las libertades, el progreso y bienestar social. Y por eso mismo no todo vale. Y denunciar aquellas situaciones que incumplen brutalmente todo esto también es militar en un partido y en unas ideas.

Porque desde el sentido común, desde el derecho, y desde el corazón, a estas alturas cada vez son más los militantes socialistas que saben que está profundamente mal lo que nuestro Gobierno está haciendo con las víctimas del genocidio franquista y su tragedia infinita.

Y luego si nuestro Gobierno del PSOE quiere que siga dando subvenciones en cumplimiento de su política de privatización y desjudialización de las fosas comunes, como acaba de hacer hace unas semanas en pleno periodo vacacional.

Que siga dando continuidad al sistema creado por la Orden de Franco de primero de mayo de 1940, “sobre exhumaciones e inhumaciones de cadáveres asesinados por los rojos”.

Que aquí lo determinante es el deber de una “investigación oficial efectiva e independiente” de cada fosa para localizar a los desaparecidos, esclarecer los hechos, y perseguir penalmente a los responsables, como ha explicado hasta la saciedad el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y decidir no activar dicha investigación oficial, derivarla sistemáticamente a la esfera privada – sin ser el Estado el que investigue con diligencia y con todos sus medios – ya sabíamos que suponía una forma encubierta de abandono de tales víctimas, de trato inhumano, cruel y degradante a las familias, violación del deber del Estado de proteger la vida en su sentido procesal, violación del derecho humano a la vida familiar y violación de las condiciones necesarias para el ejercicio del derecho humano a un recurso efectivo. Responsabilidad internacional de Estado en materia de derechos humanos ante los artículos 2, 3, 8 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

O como diría la Corte Interamericana de Derechos Humano, en la histórica sentencia Velásquez Rodríguez contra Honduras, de 29 de julio de 1988, y que ha obligado después a numerosos Estados americanos a crear dicho doble aparataje estatal Comisión de Busqueda-Base Nacional de Datos Genéticos: la mera persistencia de las desapariciones “supone el desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado de modo que se garanticen los derechos reconocidos en la Convención”.

Porque frente a dicho erre que erre de impulsar subvenciones y políticas auto- exhumatorias persiste el deber de crear una Comisión de Búsqueda de Desaparecidos y, también, de una Base Nacional de Datos Genéticos en el seno del aparato del Estado participados por fiscalía, policía, etc, – para que así además de ser exhumados no se nos queden sus restos en tantos almacenes perdidos…–. Es abundantísima la jurisprudencia e instrumentos internacionales que apuntan en el sentido justo contrario a lo que el Gobierno Zapatero está perpetrando.

De modo que toda esta situación ya era así de ilegal y de grave.

Pero resulta que la resolución 1463 lo califica, además, como presunto crimen de miembros del Gobierno de cualquier Estado miembro que incurra en ello, no ya “tan sólo”, escenario de presuntos ilícitos de prevaricación judicial.

La inquietante óptica que nos ofrece la misma sobre las desapariciones forzadas y la responsabilidad del Estado y sus concretos gobernantes, apunta mucho más allá y al margen de que – todavía – no haya sido implementada en nuestro derecho interno debería ser motivo de reflexión. Y de denuncia. Y mucho más entre la propia militancia del PSOE.

Porque el PSOE no viola los derechos humanos. El PSOE los defiende. Los derechos humanos están, con otras palabras, en el mismo código genético de lucha y solidaridad que le imprimió Pablo Iglesias y portaron tantos militantes después. Y esto es así lo hayan olvidado o no los concretos responsables gubernamentales de que esa resolución del Consejo de Europa de 2005, y su otra posterior denuncia internacional de marzo de 2006 sobre el caso español, hubiese encontrado una acogida muy distinta en la posterior “ley de la memoria” de 2007.

Hablo de aquello que sigue poniendo en los carnets de “Sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas, ni para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia que les anima, sino para difundirlas, para llevarlas a todas partes...”. Lo de “a todas partes menos a las fosas clandestinas, menos a las víctimas del genocidio, omitid el deber de perseguir tales delitos, que las víctimas no puedan tener justicia jamás en este país” no está escrito en ninguna parte.

Y sé que para algunos invocar a gente como Pablo Iglesias o Juan Negrín, o invocar a tantos de nuestros compañeros que se dejaron la vida en los campos de combate o en los pelotones de fusilamiento, invocar su defensa estremecedora de nuestra anhelada República perdida, invocar su dignidad infinita que continúa quemando en nuestros corazones 70 años después, se ha convertido en algo como hablar de los Reyes Magos: con los que está bien contar para que nos traigan un poco de ilusión de vez en cuando, pero, en realidad, sólo es cosa de niños…

Para otros no es así. No son, no somos, capaces de entender nuestra condición de socialistas sin ellos, sin su integridad que debiera ser un ejemplo para la nuestra o de quienes se dicen de los nuestros. Ni de aceptar que se trate de semejante manera el genocidio franquista sea cuales sean las consecuencias.

Por mucho que nuestros actuales gobernantes hayan estado sordos y ciegos también al significado último de todo esto para sus propias bases, incurriendo en un comportamiento muy poco ejemplar para su propio partido, para las creencias y los corazones de muchos de sus militantes.

Que alguna Vicepresidenta del Gobierno responsable de la “ley de la memoria” ni tan siquiera milite en el PSOE a lo mejor ha podido tener también algo que ver.

De modo que a un Gobierno al que ya ha demostrado darle bastante igual su militancia de base de hoy, demuestra ahora importarle bastante menos todavía la militancia de base de hace 70 años, esa que se dejó la vida defendiendo la democracia en este país. Y sus familias.

Verdaderamente pueden estar muy orgullosos del primero al último de ellos de lo que están haciendo valientemente con todas estas personas indefensas tras toda una vida de sufrimiento y vejación.

Bien podrán, serviles y cobardes hasta decir basta cuando se trata de mantener sus políticas de Gobierno ante otros actores económicos menos desvalidos. Ahí si que rectifican lo que haga falta con toda celeridad y no como con las miles de fosas clandestinas y los pobres restos de los seres queridos de los que aún aguardan los mismos o una anulación de pleno derecho.

En cualquier caso, si la Resolución 1463 del Consejo de Europa consiguiese ser implementada en nuestro país varios de los miembros del Gobierno Zapatero podrían enfrentar procesos penales como cualquier otro presunto autor de hechos delictivo en los concretos términos que dicha Resolución expresa. Por las distintas razones apuntadas, y que el lector comprenderá por si mismo a buen seguro, difícilmente lo será.

Y si no consiguiese ser implementada en nuestro país o lo fuese muy tardíamente, como cabe esperar, de modo que la irretroactividad penal o la prescripción entrasen en juego – jamás respecto el crimen de las fosas, sólo respecto la omisión del deber de investigarlo en su actual configuración como delito ordinario, que hay que cambiar – el mal menor sería su comparecencia ante una Comisión de la Verdad de los Crímenes del Franquismo que, antes o después, cabe esperar como complemento de una Fiscalía Especial contra los crímenes del franquismo y del posterior periodo de impunidad, ya que la primera sólo empieza donde termina la segunda, y ambas son necesarias en ese inmenso escenario de impunidad, inmensa fosa común, llamada España.

Mientras tanto afortunadamente ahora Argentina nos acaba de ganar bastante más que 4 a 1 en cuanto a lucha a la impunidad, y cada vez estamos más cerca del Tribunal Europeo y de otras instancias de Naciones Unidas. A los criminales de Estado de las fosas, y a los presuntos criminales de Estado de la omisión, cada vez les quedan menos opciones y con un poco de suerte llegará el día en el que serán calificados y recordados por nuestra sociedad exactamente como merecen: como los artífices de un periodo negro de vergüenza e impunidad.

Y, sí, ya sé que para algunos militantes del PSOE será algo terrible todo esto que digo aquí como si la Resolución 1463 me la hubiese inventado yo. A mi lo que me parece verdaderamente terrible es la actuación antijurídica e inhumana que sigue teniendo nuestro Gobierno, cinco años después de ser aprobada la misma, y sin encontrar un solo respaldo internacional al galimatías que se han empeñado en montar con este tema. Ni uno solo.

Y también me parece terrible el clamoroso silencio de esos mismos militantes a los que todo este argumentario les parecerá del todo irresponsable y muy mal, pero que ante las violaciones de los derechos humanos y el presunto crimen de Estado, mantendrán prietas las filas con quienes, de bandazo en bandazo, ni tan siquiera saben ya hacia donde nos llevan. Por lo pronto a perpetrar algo que nos avergonzará a todos los socialistas durante años y a estrellarse de frente contra la Resolución 1463 del Consejo de Europa. Qué inmensa decepción:

“10.3.8. El incumplimiento del deber de investigar efectivamente toda presunta desaparición forzada debe constituir un crimen independiente conminado con una pena adecuada. El ministro y/o el jefe de departamento responsable de las investigaciones deben ser hechos responsables bajo la ley penal por dicho incumplimiento”.

Miguel Ángel Rodríguez Arias es militante del PSOE, profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, autor del libro "El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad" y otros trabajos pioneros sobre desapariciones forzadas del franquismo que dieron lugar a las actuaciones de la Audiencia Nacional

Sólo los nacionalistas y las minorías de izquierdas apoyan la pretensión de los republicanos,
MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha rechazado una moción de ERC en la que reclamaba al Gobierno que impulsase las reformas legales necesarias para que el Ejecutivo por sí mismo o bien a través de la Fiscalía pueda solicitar la revisión de las sentencias políticas dictadas durante el franquismo, ya que fueron declaradas ilegítimas por la conocida como Ley de Memoria Histórica de 2007. La iniciativa fue 'tumbada' con los votos de PSOE y PP y sólo recibió el apoyo de los nacionalistas y las minorías de izquierda.

El texto planteado por Esquerra a raíz de la interpelación que el diputado Joan Tardà dirigió el pasado miércoles al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se centraba en la figura del que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña durante la Segunda República, Lluís Companys, de cuyo fusilamiento se cumplirán 70 años el próximo 15 de octubre.

Durante el debate del miércoles Caamaño se afanó en dejar claro que la petición de anulación de juicios es un "imposible jurídico" porque la Ley de Memoria Histórica ya privó de efectos jurídicos las sentencias políticas dictadas por los tribunales franquistas.

"La nulidad es la privación de efectos jurídicos y no cabe volver a privar de efectos jurídicos aquello que el legislador ya ha dicho que no tiene efectos jurídicos", explicó Caamaño, recalcando que ese mismo argumento es el que utiliza la Fiscalía para rechazar la revisión de esos procesos judiciales.

CAMBIAR CUATRO LEYES

Precisamente, lo que pedía ERC en la moción era modificar un total de cuatro leyes, incluida la de memoria histórica, para, entre otras cosas, habilitar un procedimiento administrativo que faculte al Consejo de Ministros a expedir los correspondientes certificados de nulidad con efectos legales, de manera que todas las sentencias políticas queden oficialmente anuladas.

En paralelo, los republicanos reclamaban incorporar entre los requisitos habilitantes para proceder a la revisión de una sentencia firme la declaración de ilegitimidad contenida en la Ley de Memoria. También abogaban por modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el Gobierno por sí mismo o a través de la Fiscalía tuviera la legitimidad de interponer un recurso de revisión de las sentencias declaradas ilegítimas.

Durante el debate, el diputado de ERC Joan Tardà recriminó al PSOE su negativa a dar más pasos en favor de la revisión de estos juicios y avisó de que los jóvenes socialistas "jóvenes quizá algún día maldecirán" a sus dirigentes por no haber sido "lo suficientemente valientes" en esta materia.

Desde el Grupo Socialista, el catalán Daniel Fernández incidió en los argumentos esgrimidos por Caamaño reiterando que la Ley de Memoria ya declara ilegítimas todas esas sentencias y los tribunales que las dictaron y que la Fiscalía hizo lo propio respecto a la relativa a Companys.

COMPANYS, CONDENADO TAMBIÉN POR LA REPÚBLICA

El diputado del PP por Barcelona Jorge Fernández Díaz, justificó su voto en contra recalcando que el Tribunal Constitucional y el Supremo Supremo ya se han pronunciado "con mucha claridad" ante estas reivindicaciones de ERC, que no son las "preocupaciones" de la inmensa mayoría de los españoles.

Tras recordar los juicios "no precisamente benévolos" que el presidente de la República Manuel Azaña hizo sobre Companys y que el president de la Generalitat fue condenado por un tribunal republicano en 1935 a 30 años de reclusión mayor por un delito de rebelión, reprochó a ERC que nunca haya pedido la nulidad de esa sentencia.

En nombre de CiU, Jordi Xuclà, reconoció valor a la declaración de ilegitimidad la ley y de la Fiscalía, pero avisó de que los certificados de nulidad emitidos por el poder judicial son una nueva "laguna". Por eso, su formación ha registrado una proposición no de ley que persigue que "el fiscal pueda dar instrucciones para expedir a instancias de parte estos certificados de nulidad".

Desde el PNV el diputado Aitor Esteban dio su apoyo a la reivindicación de los republicanos catalanes y animó al Gobierno a buscar una vía que posibilite la nulidad de las sentencias dictadas por los tribunales franquistas para acabar definitivamente con esta polémica y dar satisfacción a

POEMA A PADRE, SEPTIEMBRE 2009

POEMA A PADRE, SEPTIEMBRE 2009.
SE FUE EN EL AIRE FRÍO,
LA NOCHE DE MUERTE,
EN UN PÁRAMO CONTAMINADO
POR LA ANGUSTIA GENUINA DE SU MAR.
...
DE ISLA A PÁRAMO SUCIO,
CONTAMINACIÓN PULMONAR.
COLCHÓN ALCOHOLADO,
RIMANDO CON EXILIADO.

RESUENA, EN LO HONDO,
UN ESPESO HABLAR
DE “L” MENORQUINA,
REPLETA DE NOSTALGIA.

EXILIO EN LAGO, EXILIO EN TRÓPICO,
EXILIO EN PÁRAMO, EXILIO EN TODO.
PADRE DE LA DESOLACIÓN,
PADRE DE LA SOLEDAD,
PADRE DEL OSITO SOLO
EN CUARTO OSCURO DE BARRIADAS
SIN HABITAR.

Danielle.

La Justicia argentina ordena investigar los crimenes del franquismo

La Justicia argentina ordena investigar los crímenes del franquismo

La asociación para la Memoria Histórica se opone a nueva cata para hallar restos de fusilados
Critica la "improvisación" y "pésima gestión" de otras plataformas
Efe | Granada

Actualizado lunes 30/08/2010 19:56 horas

La Asociación Granadina por la Recuperación de la Memoria Histórica ha mostrado este lunes su oposición a la cata arqueológica previa a la búsqueda de restos de represaliados en el cementerio de Loja (Granada) que intentó llevar a cabo el pasado sábado un grupo de voluntarios.

Los trabajos, que no se pudieron realizar por falta de autorización municipal, habían sido promovidos por la Agrupación de Familiares de la Fosa número 1 de Loja y el Foro por la Memoria de Granada, a los que la Asociación Granadina por la Recuperación de la Memoria Histórica (AGRMH) critica en un comunicado por la "improvisación" y "pésima gestión" a la hora de solicitar los permisos pertinentes para esta actuación.

Además, la historiadora Maribel Brenes, presidenta de AGRMH, ha señalado que "no hay prueba científica que indique que los restos que quieren exhumar se encuentren en el lugar que pretenden abrir".

Ha denunciado también que la iniciativa del pasado sábado responde "a la justificación que deben de hacer en próximas semanas de la subvención que les fue concedida por el Ministerio de Presidencia" para localizar los restos de unos veinte represaliados del franquismo.

Esta ayuda asciende a 54.000 euros, cantidad que deberán de devolver con intereses si no realizan los trabajos de exhumación, según ha especificado hoy la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica.

La asociación que preside Brenes fue autorizada el 24 de abril de 2009 por el Ayuntamiento de Loja para realizar una cata arqueológica en el interior del cementerio municipal como paso previo para la dignificación de los restos humanos que se encuentran en las fosas número 45 y 46 del camposanto.

El día 19 de septiembre de 2009 la AGRMH, con Francisco Carrión como arqueólogo, procedió a realizar los trabajos de sondeo arqueológico.

Por indicación expresa de los familiares de las víctimas, presentes en el sondeo, y a partir de la localización de los primeros restos humanos "in situ", este sondeo se dio por finalizado inmediatamente.

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Exposición “Toulouse, capital del exilio republicano español”
- 31 Agosto 2010 Robres (Los Monegros, Huesca), del 3 de septiembre al 9 de enero



La Comarca de Los Monegros y el Ayuntamiento de Toulouse presentan en el Centro de Interpretación, Documentación y Estudios de la Guerra Civil en Robres la exposición Toulouse, capital del exilio republicano español, un homenaje que la ciudad francesa quiere rendir a los millares de españoles que, desde 1939, se instalaron en ella. La exposición muestra, a través de diversos documentos, la aportación activa de los exiliados a Toulouse.

Entre el 28 de enero y el 9 de febrero de 1939, durante la Retirada, unos 470.000 refugiados españoles entran en territorio francés. En la primavera, cerca de 20.000 se concentran en Toulouse, ¡un 10% de la población de la ciudad! Después de 1945, se instalan definitivamente. Esta colonia activa, solidaria y militante, va a acuñar de modo indeleble su marca en la ciudad, que se convierte así en una verdadera capital del exilio republicano español. Desde las filas de los principales partidos y sindicatos que instalaron aquí sus sedes, dichos ciudadanos españoles desarrollaron labores de solidaridad y emprendieron actividades culturales y artísticas de calidad.

Setenta años después del inicio de este exilio, Toulouse, capital del exilio republicano español propone una evocación de la vida cotidiana y de las luchas de estos hombres y mujeres que han contribuido a enriquecer la ciudad.

Documentos originales procedentes de colecciones públicas y privadas permiten ilustrar esta vitalidad en un ámbito tan político como social y cultural.

Centro de Interpretación, Documentación y Estudios de la Guerra Civil



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22252 Robres (Huesca)

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Paisaje con memoria