Manifiesto del Movimiento Republicano Popular de las Islas Canarias

EL REPUBLICANISMO HISTORICO AL NUEVO SOCIAL-REPUBLICANISMO

(Manifiesto del Movimiento Republicano Popular de las Islas Canarias)

Treinta y cinco años de falsa democracia, nos ha llevado a la actual situación catastrófica de crisis económica y política, que afecta directamente a la credibilidad del régimen monárquico. Una oligarquía empresarial insaciable, en complicidad con la clase política, vampiriza los fondos públicos, al mismo tiempo que expulsa del mercado de trabajo a cuatro millones y medio de ciudadanas y ciudadanos, que son los verdaderos mantenedores de la continuidad económica del país. La corrupción político-empresarial generalizada contamina a los dos partidos que se reparten el poder, así como a las más diversas corporaciones estatales o autonómicas y a la misma Corona, protegida por la impunidad que da la Jefatura Militar del Estado fijada en el título segundo de la Constitución de 1978. En este país nadie dentro del sistema de corrupción imperante ha permanecido libre de la tentación.

DEMOCRACIA FRACASADA. Pero lo grave no es sólo el desprestigio de la monarquía y de su clase política, sino el fracaso del proyecto de democratización que se abrió con la muerte del dictador. Así, el marco electoral actual no es nada representativo. Controlado como está por los dos partidos alternantes, el sistema electoral distorsiona la proporcionalidad parlamentaria de los votos de una forma extremadamente injusta.

Pero el deterioro de la democracia no se limita al ámbito electoral. La estructura social es profundamente antidemocrática, con instituciones como la prensa monopolizada por el poder económico, o la propia libertad de los partidos políticos gravemente conculcada desde la época de José María Aznar, con la ley de 1999 que prohíbe los partidos molestos. Proliferan, pues, las anomalías antidemocráticas que han culminado con la criminalización por el ultraderechista Tribunal Supremo del único juez que se ha atrevido a investigar los crímenes contra la humanidad que se produjeron durante la dictadura.

Explicar cómo ha podido prolongarse durante tanto tiempo el gran engaño de la transición requeriría un análisis sociológico de la naturaleza del régimen juancarlista. Si quitamos la corteza electoralista y la retórica constitucional, el componente clasista muestra cómo ha perdurado la continuidad de la oligarquía económica y política del viejo Estado fascista en partidos como el extinto Unión del Centro Democrático, y los actuales Partido Popular y Falange Espaoñola, e instituciones como la Conferencia Episcopal, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. En resumen, la monarquía heredada del franquismo no es una democracia, su definición técnica más correcta sería la de corrupción electocrática más monarcadura militar españolista.

REFUNDACIÓN DE LA DEMOCRACIA. ¿Es posible regenerar el régimen juancarlista? A pesar de las pregonadas buenas intenciones de D. Mariano Rajoy, hay que reconocer que mientras esté vigente la Constitución otorgada de 1978, las condiciones para desarrollar el proceso de democratización se hacen imposibles, porque esa Carta Magna está llena de barreras antidemocráticas. Habrían de darse condiciones de refundación de la democracia con la recuperación de la verdadera soberanía popular, reprimida durante 40 años por la dictadura y falseada por lo que ha venido después.

Por ello afirmamos que sin ruptura republicana de la tradición franquista no hay democracia. Sin republicanización, es decir, sin legitimidad y sin razón pública en la práctica política del Estado no se alcanzará nunca la democracia verdadera.

En consecuencia, durante la transición para refundar el proceso de democratización se hacía imprescindible y no se hizo:

- Desfranquizar el aparato de Estado, depurando los cuerpos represivos antidemocráticos heredados del régimen, que habían sido cómplices de los crímenes del franquismo. Pero la amnistía de 1977 los convirtió en impunes y ni un solo funcionario fascista tuvo que dimitir.

- Restablecer la soberanía popular, lo que implicaba la consulta a la ciudadanía mediante referéndum vinculante sobre la forma de Estado y también, simultáneamente, el ejercicio del derecho de autodeterminación de las nacionalidades que habían sido oprimidas por el centralismo del anterior régimen. Pero el artículo 8 de la Constitución, que pone en manos del poder militar la salvaguarda de la unidad del Estado; el artículo 92, que elimina los referéndums vinculantes, y el anti federalista título VIII de la Constitución, cerraron el paso a cualquier esperanza de solucionar democráticamente el conflicto de las nacionalidades.

- Desplazar la ultraderechista cultura impuesta durante tantos años por la mentalidad fascista, refrito de nacional-catolicismo y españolismo militar, por una auténtica cultura democrática y moderna, ligada a la tradición ilustrada del republicanismo, que garantice la libertad de cultos y la igualdad de condiciones para todas las ideas. Pero el artículo 16.3º de la Constitución otorgada sigue privilegiando al nacional-catolicismo financiado por el Estado y con primacía en exacción de impuestos y en la educación.

Ninguna de esas condiciones de democratización se ha abordado en los 35 años de régimen juancarlista.

LA ALTERNATIVA REPUBLICANA. En esta situación límite de degeneración democrática y de bancarrota moral de una monarquía que ha agotado su ciclo político y ha perdido toda credibilidad democrática, el republicanismo aparece como alternativa. Es la forma de institucionalizar públicamente la democratización de la sociedad y del Estado en una dinámica de autodeterminación de la base ciudadana, actualizando los valores de la Revolución Francesa, –la libertad igualitaria y la solidaridad humana–, con criterios de racionalidad pública, y apoyándose siempre en la opinión refrendada por la mayoría trabajadora de la sociedad.

Esta concepción radicalmente democrática de lo político se refleja muy bien en el viejo republicanismo de la Constitución de 1931, cuando define el Estado español como “una República democrática de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Los poderes de todos los órganos emanan del pueblo”.

Pero el nuevo social-republicanismo debe afrontar plenamente todos los retos que plantea la situación planetaria en una coyuntura de profunda crisis ecológica, energética, agroalimentaria y financiero-especulativa, si quiere firmemente movilizar el inmenso potencial democratizador de la humanidad. Enlazará así con los movimientos sociales de liberación que luchan por democratizar cada una de la dimensiones sectorializadas de la sociedad presente. Frente a la destructiva evolución del capitalismo neoliberal, que nos ha llevado a la crisis global, es necesario un republicanismo confederal en un marco de internacionalismo ecológico anticapitalista para superar dicha crisis y propiciar la confluencia de todas las izquierdas a favor de más y mejor democracia económica mundial.

PACTO DE CACIQUES. En las Islas Canarias el pacto entre la fracción centralista de la burguesía (PP-PSOE) y la fracción regionalista (CC) ha prolongado el régimen oligárquico-caciquil calcado de la dictadura, aprovechándose de un sistema electoral manifiestamente injusto. El caos inversionista de un empresariado de constructores y especuladores en connivencia con el Gobierno canario ha provocado una escandalosa destrucción de recursos naturales, de suelo agrícola y de territorio, que amenaza la supervivencia de las generaciones futuras.

En esta situación límite emerge la potente movilización popular que organizó la gran manifestación del 27 de noviembre de 2004 en Tenerife, lo que marca un punto de inflexión en el proceso de democratización de las islas. Después, con la democracia participativa de Asamblea por Tenerife y de la Coordinadora de Pueblos y Barrios se ha ampliado la confluencia de los y las demócratas en objetivos de racionalidad ecologista y defensa de los intereses colectivos y de la moral pública. Es aquí donde el movimiento republicano popular está llamado a asumir la reivindicación fundamental de la regeneración democrática, superando al corrupto sistema juancarlista.

Frente al distanciamiento elitista de la clase política apoltronada y cómplice del aparato monárquico de Estado, los republicanos y las republicanas canarios, más allá de cualquier partidismo, proponen:

- Una República cuya práctica política esté encuadrada en un sentido radical de la democracia, en la que tenga cabida el derecho de autodeterminación de los pueblos, abriendo paso a las formas de adhesión que se decidiera respecto al estado central.

- Una República donde los derechos humanos sean el referente de toda acción de gobierno, y donde haya una verdadera división de los poderes institucionales del Estado.

- Una República, en definitiva, laica, solidaria y participativa.

Por la confluencia de todas y todos los republicanos, por la plena democratización participativa y asamblearia, por un régimen verdaderamente laico y aconfesional de los pueblos, ciudadanos y ciudadanas gritemos:

¡VIVA LA REPÚBLICA!

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de Abril de 2010

Plataforma por la República de Tenerife

Los crímenes franquistas llegan a Buenos Aires ( El Periódico de Aragón - 15/04/2010 )

El alcalde consultará a los grupos sobre el caso del edil Holgado ( Diario de León - 19/04/2010 )

Los juzgados no investigan los crímenes de Franco

Los juzgados no investigan los crímenes de Franco

El 60% de los magistrados que recibieron partes de la causa de Garzón ya ha dado carpetazo a su caso sin instruir. Los expedientes se han ido cerrando sin haber citado a los familiares de las víctimas
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. - M. MURCIA
PERE RUSIÑOL - MADRID - 18/04/2010 09:30

Cuando a finales de 2008 el juez Baltasar Garzón se inhibió en la causa contra los crímenes del franquismo y remitió los expedientes a los 46 juzgados territoriales más cercanos a las fosas y al lugar de las desapariciones, advirtió en el auto de que el crimen a investigar era el mismo. Y muy grave: "Detención ilegal con desaparición forzada de personas en el contexto de crímenes contra la humanidad".

También les recordó la estimación de los peritos sobre el número de víctimas: entre 136.062 y 152.237.

Las víctimas ven cómo se va a juzgar al único juez que las ha escuchado

Pero pese a la gravedad de los hechos y al aterrador cálculo de los peritos, la mayoría de los juzgados que recibió su parte del caso le ha dado carpetazo con gran celeridad: más del 60% de los juzgados ya lo ha archivado, según el cálculo de las asociaciones de víctimas que rastrean la causa juzgado por juzgado. Y la mayoría sin ni siquiera investigar ni citar a los familiares de las víctimas que buscan los restos y piden justicia.

"Después de que Garzón dejara el caso, todo ha quedado parado, en el limbo o directamente archivado", lamenta Manuel Perona, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Catalunya, que se muestra "indignado" por la causa abierta en el Supremo contra el juez de la Audiencia Nacional. "Las víctimas estamos en una situación de indefensión total y encima se quiere juzgar al único juez que nos ha escuchado".

En su opinión, el mensaje del Tribunal Supremo no va sólo ni principalmente dirigido a Garzón, sino que sobre todo va destinado a los jueces que recibieron su causa: "Con la actitud que ha tomado el Supremo y el juez Luciano Varela [instructor de la causa contra Garzón por los crímenes franquistas], nadie se atreverá a investigar. Este es probablemente el objetivo. Un auténtico desastre", concluye Perona.

"La causa contra Garzón ha frenado las investigaciones", afirma un abogado
Freno a la investigación

"Es una evidencia que el proceso a Garzón ha frenado la investigación", apunta Fernando Magán, abogado de varias de las asociaciones que impulsaron la causa que empezó a instruir la Audiencia Nacional. Y añade: "En lo que va de año, no ha habido ni una providencia para investigar y en cambio se han sucedido los archivos, incluso en lugares donde previamente el juez había mostrado interés. Estamos ante una dejación de los jueces en el ejercicio de sus funciones".

Villarcayo (Burgos) es un ejemplo de ello: el juzgado se metió inicialmente a fondo en el caso hablando primero de crímenes de lesa humanidad. Pero la intensidad fue decayendo en paralelo a la ofensiva del Supremo. Ya está archivado. O Ponferrada: la jueza que ya investigaba los crímenes en 2002 esquivó el sumario de Garzón. Las exhumaciones se suspendieron. Ya está todo archivado.

"En muchos lugares, la estructura social de la dictadura se ha mantenido intacta. Las redes caciquiles de entonces siguen operando. Por esto es realmente muy difícil avanzar en los juzgados locales", opina Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

"La ofensiva de la derecha ha sido bestial y las consecuencias las han pagado Garzón y las víctimas", agrega el historiador Francisco Espinosa, uno de los expertos que colaboró con Garzón e impulsó el proyecto Todos los Nombres, que lucha contra el olvido en Andalucía.

"La derecha no ha encajado que un auto judicial reprodujera los términos que utilizamos desde hace tiempo los historiadores, como criminal de guerra, plan de exterminio y otros. La reacción ha sido tratar de aplastar a Garzón y frenar cualquier investigación", sostiene Espinosa.

La derecha no encaja que un auto judicial hable de crímenes de guerra

La consecuencia, opina el historiador, ha sido el goteo de archivos: al menos 28 de los 46 juzgados que asumieron el encargo de la Audiencia de investigar los crímenes del franquismo ya han cerrado la carpeta sin ni siquiera citar a nadie a declarar.

Esta cadena de carpetazos ha tenido siempre el apoyo de la fiscalía, que se opuso desde el principio a la causa de Garzón. "El ministerio público ha mostrado una falta de autonomía clamorosa. No le ha interesado examinar hechos, sólo aplicar una directriz única", recalca Magán.
En la Audiencia Provincial

Sin embargo, varios de estos archivos han sido impugnados, con lo que el caso está ya en la Audiencia Provincial de varios lugares: como mínimo en Burgos, por las fosas de Aranda de Duero; Pontevedra, por O Porriño; Soria, por Almazán; Alicante, por Orihuela; Illes Balears, por la fosa Porreres, en Manacor, y la de Calvià; en Las Palmas, por Arucas, y en Valencia.

El Supremo, por su parte, tiene aún pendiente decidir sobre el dossier de Granada y San Lorenzo de El Escorial (Madrid), los dos únicos juzgados que rechazaron el encargo que les pasaba Garzón. Son dos carpetas especialmente sensibles: en la primera está Federico García Lorca. En la segunda, el Valle de los Caídos.

"En muchos lugares, la estructura social de la dictadura está intacta", dice Silva

La inmensa mayoría de causas que continúan vivas en los juzgados territoriales está en una especie de stand by: allí siguen, sin que pase nada, aunque en algunos lugares las asociaciones de víctimas mantienen esperanzas de que se activen en cualquier momento.
Expectativas mínimas

Las expectativas se concentran sobre todo en Barcelona, Córdoba, Málaga, Pamplona y Aguilar de la Frontera (Córdoba). Salvo en Pamplona, donde sí ha habido diligencias significativas, estas expectativas tienen más que ver con impresiones difusas que con actuaciones tangibles del juzgado, por lo general mínimas.

La mayor excepción a esta tónica general de inactividad salvo para archivar entre los que asumieron partes de la causa de Garzón ha sido Benavente (Zamora): es el único de entre los 46 juzgados que ha recogido testimonios y que ha identificado cadáveres.

Los forenses han sido llamados también en al menos dos juzgados más, aunque no forman parte del listado inicial: en Palencia, al que las víctimas acudieron esgrimiendo cooperación judicial, y San Sebastián, por un caso que inicialmente nada tenía que ver con la represión franquista.
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España ha dejado de ser un Estado de Derecho Miguel Ángel Rodríguez Arias Rebelión

España ha dejado de ser un Estado de Derecho

Miguel Ángel Rodríguez Arias
Rebelión

¿Cuántos ciudadanos estamos quedando definitivamente fuera de este Estado vulnerador de Derechos Humanos, situados ante el deber de la defensa de estos últimos frente a actuaciones criminales institucionales?


El caso Garzón -el caso de los derechos humanos de las decenas de miles de familiares de los desaparecidos de Franco que continúan siendo impunemente violados hoy en Nuestro país- no sólo representaba el "ser o no ser" de nuestro entero sistema de justicia, CGPJ y todo lo demás, sino de nuestro mismo Estado de Derecho monárquico.

Con unas cifras de desaparecidos como no hay parangón en ningún otro país del mundo salvo en la Camboya de Pol Pot -tenemos más desaparecidos en España que en toda América Latina- el hecho fundamental era que o bien se podía, o no se podía, en nuestro Estado constitucional, democrático y todo lo demás, hacer valer los derechos humanos de las víctimas del franquismo; esos derechos reconocidos a todo el mundo por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el legado de Nuremberg, la Declaración ONU de 1948, sus pactos internacionales, etc, etc, etc. Que Garzón será un ciudadano más ante la ley como dice Rajoy, pero está claro que las víctimas del franquismo no lo han sido nunca en este país.

De modo que o las instituciones de la restauración monárquica impuesta a la fuerza por Franco en pleno 1969 eran capaces de asumir todos los derechos humanos desatendidos hasta ahora -implicando su real transformación interna desde el doble anclaje constitucional de nuestro entero ordenamiento a los mismos (artículos 10.2 y 96)- o tales derechos humanos terminaban por desbordar y superar al sistema, apuntando el camino hacia su sustitución: otro sistema en el que los derechos humanos sean plenamente aplicables y; porque los derechos humanos no son cualquier cosa ni en su sentido jurídico, ni en su sentido político-democrático, menos aún cuando se dan con el alcance y la gravedad de los violados a las miles de víctimas de Franco y sus familias, íntimamente relacionadas además tales violaciones con las condiciones que hicieron posible la restauración monárquica en España como Jefatura del Estado. Y la respuesta ha sido tan clara como sistémica y visceral: no se puede.

Nuestras actuales instituciones nacionales jamás van a aceptar el igual cumplimiento de los derechos humanos de las víctimas del franquismo, como los de cualquier otro ciudadano, la debida persecución penal de los verdugos, la restitución de las propiedades saqueadas -auténtico fruto prohibido e ilegal del crimen de guerra-, en vez de su continuado disfrute todavía hoy por alguna de las familias del régimen.

Es nuestro particular cristal de la pecera, el que marca los estrechos límites reales de nuestra libertad y con el que nos hemos topado de cara al actuar como si fuera verdad aquello del artículo 10.1 de la Constitución de que "La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social".

Que le expliquen eso de la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes a los familiares de las decenas de miles de asesinados tirados como perros en alguna de las más de dos mil fosas clandestinas que sigue habiendo en nuestro país. Y de paso también a los familiares de los niños víctimas de desaparición forzada infantil durante franquismo y postfranquismo que el juez Garzón quiso buscar. Y que no se olviden de explicárselo tampoco a los propios niños perdidos, que lo de vivir estos 35 años de monarquía sin tan siquiera saber tu verdadero nombre seguro que es el parangón del "libre desarrollo" de la auténtica personalidad de uno, y del respeto de nuestro Estado monárquico tardo-franquista por la dignidad de la persona.

¿Cuántos ciudadanos estamos quedando definitivamente fuera de este Estado vulnerador de Derechos Humanos, situados ante el deber de la defensa de estos últimos frente a actuaciones criminales institucionales?

Porque, que nadie se equivoque, más o menos perceptible todavía, es nuestra actual Constitución la que, en el más puro sentido de creencia apuntado por la filósofa alemana Hannah Arendt (Poder y violencia, entre otros, superada la previa concepción vertical weberiana), la que, como en el anterior Estado monárquico que llegó hasta 1931, acaba de recibir un durísimo impacto en la conciencia colectiva de un amplio círculo de ciudadanos a pie de calle; ciudadanos que hasta ahora venían aceptando "barco como animal acuático". La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad dice el artículo 10.1 antes citado. Esa quería ser la base de una Constitución de 1978 que en una fase transicional inicial tras el mayor genocidio de nuestra historia, llevó su dinámica de progreso social hasta donde pudo -ese mérito no le debe ser regateado saliendo de donde salíamos-, pero que situada finalmente ante la posibilidad de su definitiva apertura constitucional a los derechos humanos y principios democráticos universales, los de medio país víctima del franquismo tras décadas de espera con sus muertos tirados en las fosas, no pudo hacer las cuentas con los equilibrios de platillos, el nadar y guardar la ropa con el franquismo convalidado en las entrañas de sus instituciones. Nuestro sistema entró en una contradicción esquizofrénica desde la afirmación de tales derechos humanos como realidad radical en la que radican todas las demás pero sin poder, sin embargo enjuiciar al franquismo reconvertido en franquismo monárquico que le dio vida a la restauración aprovechando las circunstancias históricas. A río revuelto ganancia de pescadores, o de regatistas. Y en Zarzuela saben perfectamente que no jugaron limpio en esa coyuntura de nuestra historia, porque incluso si ello fuese preciso para superar la dictadura, en ningún momento se le dió tampoco después al pueblo español la posibilidad de votar en las urnas si quería Monarquía o República. Y eso no es correcto ni democrático, y lo saben. ¿Por qué no puede votar nuestra ciudadanía, en paz y libertad, la forma de la Jefatura del Estado y aceptar el resultado que sea para tener así una República o al menos una Monarquía democráticamente electa sin hipotecas que le impidan garantizar los derechos humanos, sacar el genocidio de Franco a la luz, su régimen criminal fascista, y poner las cosas dignamente en su sitio?

Eso es lo que representaba el caso de los derechos humanos de los desaparecidos del franquismo: la definitiva toma de posición de nuestro Estado monárquico rectificando o no desde los derechos humanos sus propios orígenes. No pudo ser. Hasta ahí no podía llegar nuestro Estado monárquico prisionero, todavía prisionero ay!, de un origen que no está precisamente en los derechos humanos pero que desde el argumento fuerte de dar normal cumplimiento interno a los tratados internacionales hubiese podido abrir la puerta a una nueva dinámica de desarrollo. Como digo, enroque del sistema y cierre visceral: persecución brutal, ejemplificante, para que nadie más se atreva a ninguna "garzonada" [sic]. Con argumentos "jurídicos", mejor dicho que suenan a juridicidad de cara a la galería, como para dar una falsa impresión de que aquí hay dos posturas de debate seriamente considerables -¿cumplir o no plenamente los derechos humanos universales en función del derecho interno?, ay...- , cuando de ningún modo es así ni existe siquiera una tal contradicción. Los derechos humanos universales son obligatorios en nuestro orden interno en virtud de dichos artículos de nuestra constitución, el 10 y el 96, es sólo otra mentira más... Son sólo argumentos que carecen de toda seriedad para no cumplir con una serie de derechos humanos que cuando inevitablemente, antes o después, no quede otro remedio que cumplir con normalidad van a dejar en muy mal lugar y demasiado descolocados a todos los Varela que saben que la ley de amnistía es papel mojado.

Las fosas de los defensores de nuestra Segunda República perdida surgen limpias, más allá del genocidio, del infinito dolor, del silencio forzado y de la infamia; limpias en la dignidad intocable de sus víctimas y la de sus familias, como punto de ruptura de lo que quería ser el Estado de Derecho monárquico del tardo-franquismo que trató de auto-amnistiarse y que hoy no se puede enjuiciar a si mismo; punto de ruptura de todas las mentiras que, al final, son esas mismas fosas las que van a dejar al descubierto, despertando la conciencia de nuestra sociedad. Pero a qué terrible precio, estremecedor.

Si Don Manuel Azaña dijo en su día que España había dejado de ser católica, la persistencia hoy, contra toda justicia, contra toda humanidad, de esas dos mil fosas clandestinas nos obliga a decir, alto y claro, que España ha dejado de ser un Estado de Derecho. Viva la República.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Alerta del Fórum per la Memória del País Valencià

Alerta del Fòrum per la Memòria del País Valencià:

EL Ayuntamiento de Valencia prohíbe interpretar La Muixeranga (1) y el Himno de Riego en el acto de homenaje a las víctimas del franquismo enterradas en la fosas
comunes del Cementerio de Valencia que se celebrará el domingo 18 de abril a
las 12 de la mañana en el Cementerio de Valencia.

Continúa la discordia por el monolito puesto por orden de la alcaldesa Rita Barberá en el Cementerio de Valencia. Asociaciones para la recuperación de la memoria histórica exigen su retirada inmediata.
NUEVATRIBUNA.ES / I.G.C. 15.04.2010

El cementerio de Valencia lleva siendo durante los últimos diez años uno de los principales focos de conflicto entre el PP y la oposición. El gusto de la alcaldesa Rita Barberá por el cemento ha roto las esperanzas de muchas personas por encontrar los restos de sus familiares desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo. La mayoría de ellos octogenarios temen no poder cumplir su deseo de honrar a sus muertos sepultados en distintas fosas clandestinas que sólo en la Comunidad valenciana se cifran en más de 150.

Seis de ellas se encuentran en el camposanto de la capital del Turia, un cementerio al que el PP ha sometido a varias ‘reformas’ que para PSOE e IU han tenido como objetivo borrar del mapa de la memoria cientos de huesos humanos sepultados.

El ex concejal socialista y coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, Matías Alonso, explica en conversación con nuevatribuna.es que Barberá “ha arrasado con todo” y “no solamente con la memoria republicana sino con la memoria de la ciudadanía actual”. Dice esto porque sobre una de las fosas se encuentran también enterradas personas que murieron en los años 80. En total fueron arrasadas un centenar de tumbas y destruidas sus lápidas.

Otra de estas fosas clandestinas ocupa la extensión de un campo de fútbol y sobre ella se puso una losa de hormigón y torres de nichos. Pero fue en una tercera, la que corresponde a la sección 7ª derecha del cementerio donde surgió el escándalo por la pretensión del PP de colocar 1.030 nichos sobre unos terrenos en los que hay muchos republicanos ejecutados. Es ahí precisamente donde se ha situado el monolito de la discordia, un monumento que reza En memoria de todos los que dieron la vida por la España que creían mejor y que aún Barberá se resiste a inaugurar dada la polémica.

Además, la alcaldesa pretendió ‘vender’ esta iniciativa como un acuerdo entre todos los grupos municipales, un acuerdo que el PSOE niega para colocar un monolito que Matías Alonso denuncia como un monumento dedicado “a víctimas y verdugos”.

“Si quieren homenajear al franquismo ya lo tienen con el Panteón y el Rincón Carlista”, mientras que no existe en todo el cementerio un lugar en el que se recuerde a los fusilados republicanos, “no hay ni el más mínimo recordatoria a ellos”, dice el ex concejal socialista que califica de “falta de respeto” y agravio a los familiares de las víctimas estos hechos.

Lo que está pasando en Valencia es similar a lo que ocurre en el resto de comunidades gobernadas por el PP, denuncia Matías Alonso. No se están haciendo los correspondientes mapas de fosas y es el Ministerio de Justicia el que está recabando información a través de los colectivos de la memoria para elaborar el mapa estatal. Las pocas exhumaciones que se han realizado en la Comunidad valenciana han partido de la iniciativa de particulares y de las propias asociaciones que por vía administrativa han conseguido la correspondiente autorización antes de que llegue al juez correspondiente.

En España existen más de dos mil fosas clandestinas. El número de desaparecidos es difícil de calcular, pero algunos informes apuntan a más de 150.000 personas. La situación es “urgente”, subraya el ex concejal, ya que la mayoría de los familiares de las víctimas son muy mayores. “Es un tema de derechos humanos, de desapariciones sin resolver”, insiste.

Garzón se sentará en el banquillo por investigar el franquismo

Garzón se sentará en el banquillo por investigar el franquismo
La circunstancia de que Garzón sea juzgado implica su suspensión, una decisión que debe tomar el pleno del CGPJVota 1 2 3 4 5 Resultados 58 Votos Versión para móvil
PÚBLICO.ES - Madrid - 07/04/2010 10:34


El juez Baltasar Garzón. FOTO: AFP
Sí o sí, el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se sentará en el banquillo de los acusados por tratar de investigar los crímenes que se cometieron durante el franquismo. Manos Limpias, una de las partes personadas en la causa, solicitará 20 años de inhabilitación y la multa máxima prevista en la Ley por "la gravedad" de su actuación en este asunto, ha avanzado a Europa Press el presidente del sindicato ultra, Miguel Bernad.

El juez del Tribunal Supremo Luciano Varela ha trasformado las diligencias abiertas contra Garzón en un procedimiento abreviado. El magistrado le investiga por presunta prevaricación al declararse competente para abrir una causa por las desapariciones del franquismo.

En el procedimiento abreviado, el instructor es competente para decidir, concluida la investigación, si el proceso finaliza en ese momento definitiva o provisionalmente con auto de sobreseimiento o si, por el contrario, continúa con el trámite de presentación de los escritos de acusación, lo que ha ocurrido en este caso. A la vista de ellos, abre juicio oral o archiva el caso.


Varela es un histórico de Jueces para la Democracia. Pero también se le considera un enemigo acérrimo de Garzón. Dicen que hace ya 15 años predicaba a los opositores que preparaba para acceder a la carrera judicial que "Dios vino al mundo dos veces: una en Belén, y otra en Jaén, y ahora es juez de la Audiencia Nacional".


La resolución, que aún no está firmada, será notificada previsiblemente hoy a las partes y contra ella cabe recurso de apelación.

La resolución, que aún no está firmada, será notificada previsiblemente hoy a las partes y contra ella cabe recurso de apelación
La decisión de Varela de transformar en procedimiento abreviado las diligencias abiertas a Garzón llevará previsiblemente a la suspensión cautelar del magistrado, decisión que podría ser adoptada por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que se reúne mañana.


Varela ha dado diez días a las partes (Manos Limpias, Falange y Libertad e Identidad) para que presenten sus escritos de acusación o de petición de archivo.

Garzón había reclamado que antes se citara a declarar como testigos a varias personalidades jurídicas y expertos internacionales que han intervenido en asuntos de crímenes contra la humanidad, pero el instructor no lo considera procedente.

Entre esos testigos figuraban la ex fiscal del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte, el juez chileno Juan Guzmán -que en 1999 procesó a Augusto Pinochet- y el magistrado argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los que anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Varela ha dictado su resolución después de que el pasado día 25 la Sala de lo Penal del alto tribunal rechazara el recurso que interpuso Garzón contra el auto en el que se exponían los motivos para sentarle en el banquillo por una presunta prevaricción, cometida en su investigación de los crímenes franquistas.

Prevaricación

Manos Limpias, Falange y Libertad e identidad disponen de diez días para formular un escrito de acusación
En el citado auto, dictado el pasado mes de febrero, Varela tachaba de prevaricadora toda la actuación de Garzón en relación con la investigación de las desapariciones franquistas. De hecho, consideraba que la circunstancia de que el juez fuera el primero en dar ese paso era similar a que existiera "una especie de conspiración de silencio de la que serían protagonistas todos quienes le precedieron en el escalafón judicial y en el Ministerio Fiscal, por no citar a las organizaciones ciudadanas que, antes y después de la Constitución, han mostrado una encomiable sensibilidad frente a la masacre y a la tragedia que para los más elementales derechos humanos supuso la Guerra Civil y la dictadura que le siguió".

Tal hecho puede constituir un delito de prevaricación del artículo 446.3 del Código Penal, según Varela, que añadía que en ese momento no procedía adoptar la decisión de seguir la fase de preparación del juicio oral, lo que sí puede acodar ahora que la Sala de lo Penal ya se ha pronunciado.

Paradojas de la justicia, la querella contra Garzón, admitida a trámite el 27 de mayo de 2009, fue interpuesta por el sindicato ultra Manos Limpias y posteriormente se adhirieron a la misma la asociación Libertad e Identidad y Falange Española y de las JONS.

Amnistía Internacional: "Es insólito"
Amnistía Internacional ve "insólito en la lucha por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas" que el juez Baltasar Garzón tenga que sentarse en el banquillo de los acusados por investigar el franquismo, ha criticado el director de Amnistía Internacional España (AI), Esteban Beltrán.

No sólo eso: la imagen de Garzón sentado en el banquillo de los acusados -sería "el primer caso" de un juez acusado por un delito de prevaricación por una causa que afectaría a miles de víctimas- enviaría "un mensaje tremendo a otros países", advierte Beltrán.

Los hechos son insólitos, además porque este caso se fundamente en la Ley de Amnistía de 1997, "una ley preconstitucional que intenta impedir el derecho a la verdad, la justicia y la reparación", recuerda el director de AI, quien zanja: "las leyes de amnistía que han tratado de impedir en otros países verdad, justicia y reparación para las víctimas, en la mayoría de los casos han acabado o derogadas por tribunales supremos o por tribunales internacionales".